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Congreso recibe de Antonio Gali iniciativa de Ley Orgánica del TJA

Congreso recibe de Antonio Gali iniciativa de Ley Orgánica del TJA

Como parte de las reformas necesarias para establecer el marco normativo que garantice el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, el Congreso local aprobó reformas y adiciones al Código de Justicia Administrativa.

La propuesta que envió este miércoles el gobernador Antonio Gali Fayad se analizará y aprobará de manera exprés por los diputados de la LIX Legislatura.

El dictamen con proyecto de decreto fue elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia, Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, Jurisdiccional y de Puntos Constitucionales, integradas por los diputados Mario Armando Mendoza, Ángel Cedillo, Yarabí Ávila, Mary Carmen Bernal, Rosa María de la Torre, Andrea Villanueva, Nalleli Pedraza, Belinda Iturbide, Xóchitl Ruíz, Macarena Chávez, Pascual Sigala, Manuel López, Ernesto Núñez, Carlos Quintana, Juan Pablo Puebla, Miguel Ángel Villegas, Daniel Moncada y Wilfrido Lázaro, quienes conformaron el Grupo de Trabajo Plural encargado del estudio, elaboración y formulación del proceso legislativo para la instauración del Sistema Estatal Anticorrupción.

Al entrar en la etapa de análisis en comisiones -acotó Aguilar Chedraui- la iniciativa podría tener modificaciones, las cuales deberán de contar con el aval de todas las bancadas y representaciones de los partidos.

Precisó que el nombramiento de los tres magistrados de este nuevo tribunal será a propuesta del titular del Poder Ejecutivo y el Congreso únicamente los ratificará o vetará, y éstos permanecerán en el cargo por un periodo de 15 años.

"Tendrá competencia para dirimir las controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública estatal o municipal, y para imponer en los términos que disponga la Ley de la materia, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves ", se expone en la explicación de motivos de la iniciativa.

También aplicará la remoción si los magistrados usan información confidencial o reservada en beneficio propio o de terceros y si se abstienen de resolver, sin causa justificada y en forma reiterada, los asuntos de su competencia.

El Tribunal de Justicia Administrativa se encargará de fincar a los responsables el monto del pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos.

Las resoluciones se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de los magistrados, quienes no podrán abstenerse de votar a menos que tengan impedimento legal.