Internacional

"La credibilidad de la Corte quedó herida" — Pinedo

Luego de la polémica que generó el fallo sobre el caso Muiña, el máximo tribunal informó en un comunicado que la semana próxima correrá vista a las partes involucradas en los casos en los que esté en discusión si puede aplicarse o no el cómputo del denominado 2x1, "para que se expresen sobre la aplicación de la Ley 27.362".

Antes de la marcha, el Senado convirtió en ley la norma que prohíbe la aplicación del 2x1 a los condenados por delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra.

La Corte Suprema de Justicia anunció que los casos que aún tiene en trámite por la aplicación del 2x1 en el cómputo de las condenas por delitos de lesa humanidad serán evaluados ahora a partir de la nueva ley sancionada por el Congreso de la Nación.

Luego, en el segundo, precisa que "el cómputo de las penas establecido en su oportunidad por el artículo 7º de la ley 24.390 -derogada por ley 25.430- será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de aquella ley".

Finalmente, el tercer punto de la norma aclara que "lo dispuesto por los artículos anteriores es la interpretación auténtica del artículo 7° de la ley 24.390 'derogada por ley 25.430' y será aplicable aún a las causas en trámite".

Federico Pinedo afirmó hoy que la credibilidad de la Corte Suprema de Justicia "evidentemente quedó herida" tras el fallo que habilitó el 2×1 a un represor, aunque consideró que desde lo jurídico "hubo buena fe" de parte de los jueces.

A pesar de que en un principio voces del Gobierno apostaron por acatar el fallo al insistir que la Justicia es un poder independiente, y en medio de las críticas de las organizaciones humanitarias, Macri señaló el miércoles estar "en contra de cualquier herramienta que facilite impunidad".

La ley modificatoria es la 27.362, que fue aprobada por el Congreso en tiempo récord esta semana.

Entre martes y miércoles, el Congreso había sancionado la ley interpretativa para excluir del beneficio de la reducción de pena a represores casi por unanimidad, con un solo voto en contra, el del diputado salteño Alfredo Olmedo.